Estas operaciones han incluido el bombardeo de múltiples embarcaciones, resultando en la muerte de más de 85 personas. La legalidad y la ética de estas acciones están bajo intenso escrutinio.

Organismos internacionales y senadores estadounidenses han cuestionado los ataques, calificándolos como posibles "ejecuciones extrajudiciales".

La controversia se agudizó tras la revelación de que el secretario de Defensa, Pete Hegseth, autorizó un segundo ataque contra una lancha para eliminar a dos sobrevivientes de un primer impacto, una acción que la Casa Blanca confirmó y respaldó. La familia de un pescador colombiano fallecido en uno de estos bombardeos ha presentado una denuncia formal ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. En respuesta, el ministro de Defensa venezolano, Vladimir Padrino López, ha declarado que las fuerzas armadas de su país están preparadas para un "escenario bélico". La operación cuenta con el apoyo logístico de países como Trinidad y Tobago y República Dominicana, que sirven como bases o centros para ejercicios militares estadounidenses, mientras que China ha criticado abiertamente los planes de Washington de realizar operaciones dentro de Venezuela.