Washington, que lo reconocía como un preso político del gobierno de Nicolás Maduro, se pronunció enérgicamente en contra del suceso. La muerte de Díaz se convirtió en un catalizador para denuncias sobre la situación de los derechos humanos en el país y las precarias condiciones en las que se encontrarían otros opositores detenidos. Este incidente se sumó a una larga lista de agravios diplomáticos y sirvió para que la administración Trump reforzara su narrativa sobre la naturaleza autoritaria del régimen de Maduro. El caso resonó en un contexto en el que la Corte Penal Internacional mantenía una investigación activa por crímenes de lesa humanidad y se realizaban concentraciones de venezolanos en el extranjero para denunciar detenciones y abusos contra opositores.