Sin embargo, la Casa Blanca confirmó más tarde el segundo ataque, argumentando que se realizó "de conformidad con el derecho en conflictos armados". Esta admisión provocó una enérgica reacción en el Congreso de Estados Unidos, donde legisladores demócratas y algunos republicanos expresaron su preocupación, sugiriendo que la acción podría constituir un crimen de guerra. La controversia también tuvo repercusiones legales, ya que la familia de un pescador colombiano fallecido en uno de los ataques presentó una denuncia formal ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).