En medio de la hostilidad y las amenazas militares, la gestión de los vuelos de repatriación de migrantes venezolanos desde Estados Unidos se convirtió en un campo de batalla diplomático adicional, aunque también en un punto de cooperación paradójica. Inicialmente, el gobierno de Nicolás Maduro denunció que Estados Unidos había suspendido de manera unilateral estos vuelos, coincidiendo con la declaración de Trump sobre el cierre del espacio aéreo venezolano. Sin embargo, la situación dio un giro cuando Caracas anunció que había recibido y autorizado una solicitud de Washington para reiniciar los vuelos.
A pesar del supuesto “bloqueo aéreo”, un vuelo con 172 migrantes deportados, incluyendo 141 hombres, 26 mujeres y 5 menores, llegó a Venezuela desde Phoenix, Arizona.
El gobierno de Maduro utilizó esta autorización para intentar demostrar que no existía un riesgo real para la aviación civil y que las advertencias de Trump eran infundadas. Esta dinámica contradictoria, donde se suspenden y luego se reanudan vuelos humanitarios en medio de una escalada militar, refleja la complejidad de la relación.
Por un lado, ambos países tienen la necesidad de gestionar los flujos migratorios; por otro, cada acción es utilizada como una herramienta política para legitimar sus propias narrativas. La suspensión de los vuelos fue presentada por Caracas como una agresión, mientras que su reanudación fue exhibida como una prueba de la soberanía y control de su territorio.
En resumenA pesar de la tensión y el cierre del espacio aéreo, Venezuela y EE. UU. mantuvieron una relación ambigua respecto a los vuelos de repatriación. Tras una suspensión unilateral por parte de Washington, Caracas autorizó la llegada de un vuelo con 172 deportados, utilizando el evento para contrarrestar las advertencias estadounidenses.