Inicialmente, informes de prensa atribuyeron la orden al Secretario de Defensa, Pete Hegseth, quien lo negó calificándolo de 'noticia falsa'. Sin embargo, la secretaria de Prensa, Karoline Leavitt, admitió el segundo ataque, defendiéndolo como una acción realizada “de conformidad con el derecho en conflictos armados”. Posteriormente, se aclaró que la orden provino del almirante de la Marina Frank Bradley. Este hecho ha intensificado el escrutinio del Congreso estadounidense sobre la legalidad de toda la operación. Legisladores tanto demócratas como republicanos han expresado su preocupación, y el Grupo de Trabajo de Exabogados Militares del Congreso advirtió que la acción es ilegal, incluso bajo la premisa de que EE.

UU. se encuentre en un conflicto armado. La revelación de que se atacó deliberadamente a náufragos ha provocado una ola de indignación y ha puesto en duda la narrativa del gobierno de Trump sobre una campaña legítima contra el narcotráfico, reforzando las acusaciones de que se están cometiendo “ejecuciones extrajudiciales” en aguas internacionales.