A pesar de la escalada de tensiones y la advertencia de Estados Unidos sobre el cierre de su espacio aéreo, el gobierno de Nicolás Maduro autorizó la reanudación de los vuelos de repatriación de migrantes venezolanos desde territorio estadounidense. Esta decisión, que responde a una solicitud de la administración Trump, busca demostrar control sobre su soberanía aérea y añade una capa de complejidad a la conflictiva relación bilateral. La medida fue anunciada después de que la Autoridad Aeronáutica de Venezuela recibiera una petición formal de Washington para reiniciar los vuelos de deportación. Con esta autorización, Caracas intenta proyectar una imagen de normalidad y seguridad en sus operaciones aéreas, contradiciendo directamente la narrativa de riesgo impulsada por Trump.
Un primer vuelo con 172 migrantes deportados, incluyendo 141 hombres, 26 mujeres y cinco menores, llegó a Venezuela proveniente de Phoenix, Arizona, a pesar del “bloqueo aéreo” declarado por EE.
UU. debido a sus operaciones militares en el Caribe.
La reanudación de estos vuelos evidencia una de las paradojas de la política estadounidense: mientras se incrementa la presión militar y se endurecen las vías de migración legal para los venezolanos, se mantiene activa la cooperación en materia de deportaciones. Para el gobierno de Maduro, aceptar estos vuelos es una forma de reafirmar su autoridad y, al mismo tiempo, gestionar el retorno de sus ciudadanos, aunque esto ocurra en el marco de una relación hostil.
En resumenLa autorización de Venezuela para reanudar los vuelos de deportación desde Estados Unidos es un movimiento estratégico que desafía las advertencias de Washington y subraya las contradicciones en la política exterior estadounidense. Mientras la tensión militar y diplomática alcanza su punto más alto, ambos gobiernos mantienen una cooperación funcional en el ámbito migratorio, evidenciando la complejidad de una relación marcada por la hostilidad y la interdependencia.