La campaña militar, que se intensificó desde principios de septiembre, ha incluido el bombardeo de al menos 22 embarcaciones. Según un mapeo de The Washington Post, nueve de estos ataques ocurrieron frente a las costas de Venezuela. La controversia escaló tras revelarse un incidente ocurrido el 2 de septiembre, en el que se realizó un segundo ataque contra una lancha para eliminar a dos supervivientes de un primer impacto. Aunque inicialmente el gobierno de EE. UU. ofreció versiones contradictorias, la Casa Blanca finalmente confirmó el segundo bombardeo, argumentando que se actuó “de conformidad con el derecho en conflictos armados”. Sin embargo, esta justificación es cuestionada por legisladores demócratas y republicanos en el Congreso, así como por expertos legales, quienes señalan que la acción podría constituir un crimen de guerra. El gobierno venezolano ha confirmado la presencia de ciudadanos suyos entre las víctimas y ha iniciado investigaciones, mientras que la familia de un pescador colombiano fallecido en uno de los ataques presentó una denuncia formal ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), negando cualquier vínculo con el narcotráfico.