La reacción del gobierno colombiano fue inmediata. El presidente Petro hizo un enérgico llamado a Estados Unidos a respetar la soberanía de Colombia, mientras que la Cancillería emitió un comunicado rechazando "cualquier amenaza de agresión" y reafirmando el compromiso del país en la lucha contra el narcotráfico. El choque retórico evidencia el deterioro de las relaciones bilaterales, que según un artículo se encuentran en sus "horas más bajas". La situación se agrava por el caso de un pescador colombiano muerto en uno de los bombardeos estadounidenses en el Caribe, cuya familia ha denunciado a Estados Unidos ante la CIDH con el apoyo de un abogado del presidente Petro. La tensión refleja un cambio profundo en la dinámica entre los dos países, con un gobierno colombiano que se opone frontalmente a la estrategia militarista de Washington en la región.