Sin embargo, esta justificación ha sido ampliamente cuestionada.

Expertos legales y congresistas, tanto demócratas como algunos republicanos, han expresado su preocupación de que atacar a náufragos constituiría una "ejecución sumaria" y un crimen de guerra, incluso bajo las reglas de un conflicto armado, un estado que muchos dudan que se aplique a la operación antinarcóticos. El Grupo de Trabajo de Exabogados Militares del Congreso advirtió que el ataque es ilegal. La revelación ha intensificado el escrutinio del Congreso sobre la legalidad de toda la operación en el Caribe y ha puesto al secretario Hegseth bajo una enorme presión política y legal.