El gobierno estadounidense utilizó este incidente para argumentar la necesidad de controles más estrictos y anunció una “revisión rigurosa” de las residencias ya otorgadas a ciudadanos de estas nacionalidades. El director del Servicio de Ciudadanía e Inmigración (USCIS), Joseph Edlow, afirmó que la medida se tomó bajo la dirección del presidente Trump para garantizar que “la seguridad estadounidense no es negociable”. Esta política representa un golpe para la diáspora venezolana, que enfrenta una de las peores crisis humanitarias del hemisferio. Al bloquear los caminos legales hacia la residencia y la ciudadanía, la administración Trump añade una capa de incertidumbre y vulnerabilidad para aquellos que han huido de la crisis económica y política en su país, muchos de los cuales ahora se encuentran en un limbo migratorio sin una ruta clara hacia la estabilidad legal en Estados Unidos.