Estos ataques, calificados por organismos como la ONU y Human Rights Watch como “ejecuciones extrajudiciales”, han generado una fuerte controversia internacional.

La polémica se intensificó tras revelarse que en uno de los incidentes se habría realizado un segundo bombardeo para eliminar a los supervivientes de un primer ataque, un acto que expertos legales y congresistas estadounidenses han señalado como un posible crimen de guerra. La Casa Blanca ha defendido estas acciones como un “uso legítimo de la fuerza”, mientras que el secretario de Defensa, Pete Hegseth, ha declarado que “apenas comenzamos a matar narcoterroristas”. Esta demostración de fuerza ha transformado el Caribe en un escenario de alta volatilidad, donde cualquier error de cálculo podría desencadenar un conflicto armado de consecuencias impredecibles.