Tras un tiroteo en Washington D.C.

que involucró a un ciudadano afgano, el gobierno estadounidense anunció una serie de restricciones.

El presidente Trump ordenó detener la inmigración desde “todos los países del tercer mundo” y prometió una “migración inversa”. Más concretamente, el director del Servicio de Ciudadanía e Inmigración (USCIS), Joseph Edlow, confirmó la paralización de los procesos de residencia y ciudadanía para migrantes de 19 países no europeos, entre ellos Venezuela, Cuba y Haití. Además, Edlow anunció una “revisión exhaustiva y rigurosa” de todas las ‘green cards’ (tarjetas de residencia permanente) otorgadas a ciudadanos de estas naciones, calificadas como “países de preocupación”. Esta medida se suma a la suspensión de las decisiones sobre solicitudes de asilo, que se mantendrá congelada sin un plazo definido. En el contexto de la relación bilateral, Estados Unidos también suspendió de manera unilateral los vuelos de repatriación de migrantes venezolanos, aunque posteriormente solicitó reanudarlos, en una acción que Caracas denunció como parte de una “política permanente de agresión”. Estas decisiones se enmarcan en una postura más dura que ya había afectado a la comunidad venezolana, como la revocación del Estatus de Protección Temporal (TPS) para 250.000 de sus ciudadanos.