La polémica se centra en un incidente ocurrido el 2 de septiembre. Según informes de prensa, tras un primer ataque a una embarcación, se autorizó un segundo bombardeo que ejecutó a dos personas que habían sobrevivido.

La Casa Blanca confirmó la realización del segundo ataque, defendiéndolo como una acción “de conformidad con el derecho en conflictos armados”, aunque inicialmente había negado los hechos. La responsabilidad de la orden ha sido un punto de disputa: mientras algunos informes señalaron al secretario de Defensa, Pete Hegseth, funcionarios del Pentágono y la Casa Blanca afirmaron que la orden provino del almirante de la Marina Frank Bradley. La legalidad de la operación ha sido fuertemente cuestionada. Organismos como la ONU y Human Rights Watch han calificado los bombardeos como “ejecuciones extrajudiciales”, y un grupo de trabajo de exabogados militares del Congreso advirtió que el ataque es ilegal. El gobierno venezolano confirmó que entre las víctimas había ciudadanos de su país y anunció la apertura de una investigación, mientras que su parlamento convocó a un debate urgente para determinar el número de fallecidos y ofrecer apoyo a sus familiares. La campaña militar estadounidense en la región ya ha causado la muerte de más de 80 personas, y este incidente ha intensificado el escrutinio sobre sus métodos y legalidad.