Esta advertencia unilateral desencadenó una crisis de conectividad aérea para Venezuela, provocando la suspensión de vuelos por parte de múltiples aerolíneas internacionales y una enérgica respuesta diplomática de Caracas y otros actores regionales. El gobierno de Nicolás Maduro calificó la declaración de Trump como un “acto hostil, unilateral y arbitrario” y una violación de su soberanía.

La advertencia estadounidense llevó a que al menos diez aerolíneas, entre ellas Iberia, Air Europa, Plus Ultra, TAP, Avianca, Latam, GOL y Turkish, cancelaran o suspendieran sus operaciones hacia Venezuela, citando riesgos de seguridad.

Como represalia, el gobierno venezolano revocó los permisos de operación de seis de estas compañías, acusándolas de “sumarse a las acciones de terrorismo” promovidas por Washington, lo que podría dejar varados a unos 15.000 pasajeros semanales. En un giro inesperado, y a pesar de su rechazo inicial, la autoridad aeronáutica venezolana autorizó posteriormente una solicitud de Estados Unidos para reanudar los vuelos de repatriación de migrantes.

Previamente, Caracas había denunciado que Washington suspendió unilateralmente dichos vuelos.

La situación generó reacciones internacionales; el presidente de Colombia, Gustavo Petro, cuestionó públicamente la legalidad de la medida estadounidense, preguntando “¿bajo qué norma de derecho internacional un presidente de un país le puede cerrar el espacio aéreo a otra nación?”. La cancillería colombiana también expresó su “preocupación” por la medida, pidiendo respeto a la soberanía y calma regional.