UU., ya que proporciona un marco legal para justificar su masivo despliegue militar en el Caribe y otras acciones coercitivas.

La Casa Blanca acusa a altos funcionarios del gobierno venezolano de liderar esta presunta organización criminal. Como parte de esta ofensiva, Washington ha ofrecido una recompensa por la captura del presidente Nicolás Maduro, a quien acusa de estar involucrado en el tráfico de drogas. La medida ha sido condenada por los aliados de Venezuela. El gobierno de China, por ejemplo, rechazó lo que describió como "sanciones unilaterales ilegales" e "injerencias en los asuntos internos de Venezuela". Para Caracas, la designación es parte de una campaña de "terrorismo psicológico" y un pretexto para justificar una intervención militar y apropiarse de los recursos del país. Analistas citados en los artículos sugieren que esta narrativa, impulsada por sectores de la oposición venezolana, busca fortalecer la línea dura de Washington, aunque existen dudas sobre la veracidad y la exageración de algunas de las afirmaciones que vinculan al Estado venezolano con el narcotráfico a gran escala.