La medida, que afecta a compañías como Iberia, Avianca y Latam, profundiza el aislamiento aéreo del país sudamericano. La crisis se desencadenó después de que la Administración Federal de Aviación (FAA) de Estados Unidos emitiera una alerta advirtiendo sobre el "deterioro de la situación de seguridad y el aumento de la actividad militar en Venezuela o sus alrededores".

Ante esta advertencia, al menos siete aerolíneas, entre ellas Iberia, TAP, Avianca, Latam, GOL, Turkish Airlines y Air Europa, decidieron suspender temporalmente sus vuelos hacia y desde Caracas.

El gobierno venezolano reaccionó con un ultimátum: dio un plazo de 48 horas a las compañías para reanudar sus operaciones, bajo la amenaza de perder sus licencias de forma permanente. Al no cumplirse el plazo, el Instituto Nacional de Aeronáutica Civil (INAC) de Venezuela anunció la revocación de los permisos, acusando a las aerolíneas de "sumarse a las acciones de terrorismo de Estado promovido por el gobierno de los Estados Unidos".

La decisión fue criticada por Portugal, cuyo gobierno afirmó que "no cede a amenazas ni presiones".

Expertos advirtieron que esta medida podría desencadenar acciones recíprocas de otros países, aislando aún más a Venezuela, uno de los países ya menos conectados de la región. Se estima que la suspensión de vuelos podría afectar hasta 15.000 pasajeros semanales, dejando en el limbo a miles de personas y complicando aún más la precaria conectividad del país.