Esta medida, que se enmarca en la creciente hostilidad bilateral, afecta directamente a los ciudadanos venezolanos que buscaban regresar a su país. La acusación de Caracas se produjo en el contexto de la amenaza del presidente Donald Trump de considerar el espacio aéreo venezolano como "cerrado en su totalidad". Según el gobierno venezolano, la suspensión de estos vuelos es una acción más dentro de la "política permanente de agresión" de Washington y un "acto hostil" que busca socavar la soberanía del país. La interrupción de los vuelos de repatriación tiene un impacto humano directo, afectando a migrantes que, por diversas razones, deseaban o necesitaban volver a Venezuela. Esta situación se vio agravada por la cancelación de vuelos comerciales por parte de múltiples aerolíneas internacionales, que dejaron a miles de pasajeros varados y al país aún más aislado. En respuesta a esta crisis, el gobierno de Maduro anunció la activación de un "plan especial para repatriar venezolanos varados en otros países". Esta operación busca facilitar los traslados de los ciudadanos afectados tanto por la suspensión de los vuelos de repatriación como por las restricciones generales en el tráfico aéreo. La medida estadounidense, según la perspectiva venezolana, no solo representa una violación de los acuerdos migratorios, sino que también se utiliza como una herramienta de presión política que afecta directamente a la población civil, contraviniendo los principios del derecho internacional.