Washington acusa a altos funcionarios y al propio Nicolás Maduro de liderar esta presunta red de narcotráfico. Esta designación es un paso clave en la estrategia de Washington, ya que amplía sus facultades operativas en la región y proporciona un marco legal para justificar acciones más contundentes contra individuos y entidades vinculadas al gobierno venezolano. La medida se enmarca en una ofensiva más amplia que, según el presidente Trump, comenzó por el narcotráfico pero ahora busca el "control de la región venezolana". La respuesta de Caracas fue inmediata y enérgica. A través de su Cancillería, el gobierno de Maduro calificó al Cartel de los Soles como "inexistente" y describió la designación como una "ridícula patraña" y una "vil mentira" diseñada para justificar una "intervención ilegítima" en el país. El comunicado venezolano acusó a Estados Unidos de intentar fabricar un pretexto para una agresión, una postura que encontró eco en algunos actores internacionales.

China, por ejemplo, condenó lo que describió como "sanciones unilaterales ilegales" de EE.

UU. hacia Venezuela.

La designación terrorista se suma a otras medidas de presión, como la recompensa ofrecida por la captura del presidente Maduro, y coincide con un aumento significativo de la presencia militar estadounidense en el Caribe. Expertos advierten que, si bien el uso del término "terrorismo" puede generar confusión sobre su alcance, la medida endurece significativamente el cerco político y legal contra el gobierno de Maduro.