La reacción del gobierno venezolano fue inmediata y contundente.

En un comunicado, calificó las palabras de Trump como "un acto hostil, unilateral y arbitrario, incompatible con los principios más básicos del derecho internacional" y exigió "respeto irrestricto" a su soberanía. Caracas denunció que esta declaración forma parte de una "política permanente de agresión" y que Estados Unidos suspendió de manera unilateral los vuelos de repatriación de migrantes venezolanos.

La medida tuvo consecuencias inmediatas, con al menos siete aerolíneas internacionales suspendiendo sus operaciones en Venezuela, lo que profundizó el aislamiento del país.

La situación generó preocupación a nivel regional.

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, cuestionó públicamente la legalidad de la acción estadounidense, preguntando "¿bajo qué norma de derecho internacional un presidente de un país le puede cerrar el espacio aéreo a otra nación?". Petro instó a la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI) a convocar una sesión urgente para abordar lo que considera una violación de la soberanía nacional y del derecho internacional, advirtiendo que un precedente de este tipo podría acabar con el concepto de soberanía. La crisis aérea se convirtió así en el punto más álgido de la confrontación, con repercusiones económicas y humanitarias, como la interrupción de operaciones turísticas y la activación de planes especiales por parte de Venezuela para repatriar a sus ciudadanos varados.