Esta decisión dejó a miles de pasajeros varados y cortó conexiones vitales para el país. El gobierno venezolano reaccionó con contundencia, acusando a las aerolíneas de “sumarse a las acciones de terrorismo” promovidas por Estados Unidos y emitió un ultimátum de 48 horas para que reanudaran sus operaciones, bajo la amenaza de perder sus permisos de forma permanente. Al expirar el plazo, Caracas cumplió su advertencia y revocó las concesiones de vuelo.

La situación ha generado una grave crisis de conectividad aérea, con estimaciones que indican que hasta 15.000 pasajeros semanales podrían verse afectados.

Como respuesta, el gobierno de Maduro anunció un plan especial para la repatriación de los venezolanos varados en el extranjero. Este episodio subraya las consecuencias tangibles del enfrentamiento geopolítico, que impactan directamente a la población civil y acentúan el aislamiento de Venezuela.