Esta medida implica directamente a altos funcionarios del gobierno venezolano, incluyendo al presidente Nicolás Maduro, en actividades de narcoterrorismo, y endurece el marco legal para futuras acciones de Washington. Esta designación es una herramienta legal y política de gran alcance que permite a Estados Unidos intensificar sus medidas contra el gobierno venezolano.

Al catalogar al grupo como terrorista, Washington puede aplicar un espectro más amplio de sanciones, congelar activos y justificar acciones militares bajo la bandera de la lucha antiterrorista. La Casa Blanca ha acusado explícitamente a Maduro y a otras figuras clave como Diosdado Cabello de liderar esta organización. El gobierno venezolano ha negado categóricamente la existencia de dicho cartel; su Cancillería calificó la designación de “ridícula patraña” y “vil mentira”, argumentando que es un pretexto para justificar una “intervención ilegítima”. La medida también fue criticada por China, que condenó las “sanciones unilaterales ilegales” y la “injerencia en los asuntos internos de Venezuela”. Esta acción se produce en paralelo al aumento del despliegue militar en el Caribe y a la oferta de una recompensa por la captura de Maduro, consolidando un marco jurídico y político que eleva significativamente el nivel de confrontación entre ambas naciones.