La decisión provocó una enérgica reacción del presidente colombiano, Gustavo Petro, quien cuestionó públicamente su fundamento jurídico al preguntar: “¿bajo qué norma de derecho internacional un presidente de un país le puede cerrar el espacio aéreo a otra nación?”. Petro advirtió que la medida sienta un precedente peligroso que socava el concepto de soberanía nacional y el sistema multilateral. El impacto práctico fue inmediato, generando caos en el transporte aéreo internacional y llevando a la suspensión de vuelos por parte de múltiples aerolíneas, lo que ha profundizado el aislamiento de Venezuela y ha dejado a miles de pasajeros varados.

Esta acción se enmarca en una estrategia más amplia que combina la presión militar con sanciones económicas para forzar un cambio político en Caracas.