A continuación, se detallan estas políticas y su impacto. Estas decisiones se enmarcan en un discurso de mano dura contra la inmigración, que se recrudeció tras un tiroteo en Washington D.C.

perpetrado por un ciudadano afgano.

A raíz de este incidente, el presidente Trump prometió detener la migración desde “países del tercer mundo” y ordenó una revisión “rigurosa” de las residencias permanentes ('green cards') de ciudadanos de 19 países, entre los que se incluyen Venezuela, Cuba y Haití. Joseph Edlow, director del Servicio de Ciudadanía e Inmigración (USCIS), confirmó que la instrucción presidencial busca reforzar los controles y que “la seguridad estadounidense no es negociable”. La revocación del TPS para venezolanos se suma a una medida similar que dejará en estatus irregular a unos 350,000 haitianos.

Estas acciones han dejado a miles de migrantes en un limbo legal, atrapados en el pulso político entre la Casa Blanca y el gobierno de Maduro. Mientras la oposición venezolana y organizaciones de derechos humanos critican estas medidas por su impacto humanitario, la administración Trump las justifica como necesarias para la seguridad nacional. Los venezolanos, que huyeron de la crisis en su país, se encuentran ahora en una situación de vulnerabilidad, enfrentando la incertidumbre de su estatus migratorio en Estados Unidos.