A continuación, se analiza el alcance de esta estrategia y sus repercusiones. República Dominicana autorizó a Estados Unidos el uso temporal del Aeropuerto Internacional Las Américas y la base aérea de San Isidro para operaciones logísticas, incluyendo el reabastecimiento de combustible y el transporte de personal. El presidente Luis Abinader anunció el acuerdo junto al secretario de Guerra estadounidense, Pete Hegseth, en el marco de la lucha contra el narcotráfico. Esta decisión posiciona a Santo Domingo como un aliado clave de Washington en el Caribe, pero fue calificada por el gobierno de Maduro como una “locura imperial”. De manera similar, en Trinidad y Tobago, ubicado a solo 10 kilómetros de Venezuela, Estados Unidos ha instalado un radar para, según la primera ministra Kamla Persad-Bissessar, “mejorar la vigilancia de los narcotraficantes”. La instalación fue acompañada de ejercicios militares conjuntos con la marina estadounidense, que incluyeron la presencia del buque de guerra USS Gravely.

Estos acuerdos se suman a entrenamientos realizados en Panamá, completando un cerco estratégico en el “vecindario” de Venezuela. Mientras Washington justifica estas acciones como parte de su campaña antidrogas, Caracas las interpreta como una amenaza directa a su seguridad y un fortalecimiento de la influencia militar estadounidense en una zona geopolíticamente sensible.