El gobierno venezolano reaccionó imponiendo un ultimátum de 48 horas para que reanudaran sus operaciones. Al no cumplir con el plazo, el Instituto Nacional de Aeronáutica Civil (INAC) procedió a retirarles los permisos, acusándolas de "sumarse a las acciones de terrorismo" promovidas por Estados Unidos y de atentar "contra la seguridad del Estado". La decisión agrava el aislamiento de Venezuela, que ya es uno de los países menos conectados de Latinoamérica. Se estima que la suspensión de estas rutas podría dejar en el limbo hasta 15.000 pasajeros semanales.

La medida fue criticada internacionalmente; por ejemplo, Portugal respondió que "no cede a amenazas ni presiones".

Expertos advierten que la acción de Caracas podría desencadenar medidas recíprocas de otros países, profundizando aún más la crisis de transporte aéreo del país.