Esta clasificación otorga a Washington un marco legal más amplio para aplicar sanciones y considerar acciones militares contra el entorno de Nicolás Maduro, a quien acusa de liderar dicha organización. La designación, formalizada el 24 de noviembre, es un paso crucial en la estrategia de presión de Estados Unidos. Al etiquetar al grupo como terrorista, la Casa Blanca no solo refuerza su narrativa de que Venezuela es un narcoestado, sino que también amplía sus facultades operativas en la región, lo que podría justificar futuras intervenciones bajo la bandera de la lucha antiterrorista.

Expertos señalan que esta medida podría permitir a EE.

UU. llevar a cabo ataques si considera que existe una amenaza inminente, aunque una acción militar a gran escala requeriría la aprobación del Congreso. El gobierno de Venezuela reaccionó enérgicamente, calificando la existencia del cartel como una "ridícula patraña" y una "vil mentira" diseñada para justificar una "intervención ilegítima". A través de un comunicado de su Cancillería, Caracas afirmó que la medida es parte de una campaña para agredir al país. La decisión se produce en un contexto de máxima tensión, coincidiendo con un masivo despliegue militar estadounidense en el Caribe y el sobrevuelo de aeronaves de combate cerca del espacio aéreo venezolano, lo que alimenta la percepción en Caracas de que se prepara el terreno para una confrontación directa.