Esta operación, justificada por Washington como una estrategia para fortalecer la lucha contra el narcotráfico, es percibida por Caracas como una provocación y una amenaza directa a su soberanía.

El despliegue incluye el portaaviones USS Gerald Ford, destructores, un submarino nuclear, jets F-35, helicópteros de combate y miles de soldados posicionados a pocos kilómetros de aguas territoriales venezolanas.

La operación se ha visto reforzada por acuerdos con países de la región. República Dominicana autorizó el uso de dos de sus aeropuertos, el Aeropuerto Internacional de las Américas y la base aérea de San Isidro, para operaciones logísticas de reabastecimiento y transporte de personal, una decisión que el gobierno de Nicolás Maduro calificó de "locura imperial".

Asimismo, se ha reactivado la base naval Roosevelt Roads en Puerto Rico, que había estado cerrada desde 2004, convirtiéndose en un núcleo central del despliegue.

Aliados como Trinidad y Tobago y Guyana también han mostrado su respaldo, lo que consolida un cerco estratégico alrededor de Venezuela.

El gobierno venezolano ha respondido movilizando a sus propias fuerzas armadas para ejercicios de defensa y ha acusado a EE.

UU. de usar la lucha antidrogas como pretexto para una intervención. Analistas citados en los artículos sugieren que, si bien la operación tiene un componente antinarcóticos, su escala y posicionamiento indican una clara intención de ejercer presión máxima sobre el régimen de Maduro, alterando el equilibrio geopolítico del Caribe y abriendo la puerta a una posible escalada del conflicto.