Esta clasificación representa una escalada significativa en la presión de Washington sobre Caracas. La acción, anunciada alrededor del 24 de noviembre, se presenta como una pieza clave de la estrategia de la administración Trump, que acusa a Maduro de liderar el grupo compuesto por altos funcionarios venezolanos. La designación permite a EE.

UU. emplear "instrumentos de seguridad nacional" para enfrentar a la organización. El gobierno venezolano, a través de su Cancillería y de figuras como Diosdado Cabello, ha rechazado enérgicamente la medida, calificando al cartel de "inexistente" y la designación como una "ridícula patraña" diseñada para justificar una "intervención ilegítima". Este movimiento no es un hecho aislado; coincide con el aumento de la presencia militar estadounidense en el Caribe y es visto por analistas como un refuerzo del marco legal para posibles acciones futuras, incluidas las militares, bajo el pretexto de defender la seguridad nacional de EE.

UU.

La medida ha recibido el respaldo político de algunos aliados regionales como Ecuador, Paraguay y Argentina, que también han catalogado al grupo como terrorista.