La medida se produce en un contexto de máxima tensión, coincidiendo con un amplio despliegue militar estadounidense en el Caribe y la advertencia a la aviación civil. La respuesta del gobierno venezolano fue inmediata y contundente. A través de su Cancillería, calificó la existencia del cartel como “inexistente” y la medida de “ridícula patraña” y “vil mentira”, argumentando que es un pretexto para justificar una “intervención ilegítima”.

Nicolás Maduro, aunque no se pronunció directamente sobre el tema en un primer momento, ha rechazado consistentemente las acusaciones de narcotráfico.

Esta acción de Washington fue respaldada por países como Ecuador, Paraguay y Argentina, que también catalogaron al grupo como terrorista, mostrando una fractura regional en la postura frente a Venezuela. La decisión estadounidense, por tanto, no solo aísla más al gobierno de Maduro, sino que también establece un precedente legal que podría ser invocado para justificar futuras operaciones en el Caribe, Colombia y México, bajo la premisa de la lucha contra el narcoterrorismo.