La medida se produce en un contexto de creciente presión, que incluye un masivo despliegue militar en el Caribe. La administración Trump justifica la decisión argumentando que el grupo está involucrado en narcotráfico y actividades terroristas.

Como respuesta, el presidente Nicolás Maduro ha rechazado categóricamente la designación, calificándola como parte de una campaña de agresión. La medida ha encontrado eco en otros países de la región; gobiernos como los de Ecuador, Paraguay y Argentina también han catalogado al grupo como una organización terrorista, aumentando el aislamiento internacional del gobierno venezolano. La existencia misma del cartel es un punto de debate, con expertos y algunos líderes regionales cuestionando su estructura y alcance, mientras que Washington lo presenta como un aparato criminal enquistado en el Estado venezolano.