Su primera ministra, Kamla Persad-Bissessar, no solo expresó su “pleno apoyo” a las maniobras, sino que también adoptó una postura dura, afirmando que los narcotraficantes “deberían ser asesinados violentamente”. El gobierno trinitense ha permitido ejercicios militares estadounidenses en su territorio, lo que Caracas ha calificado como una “provocación hostil”.

Guyana es otro aliado clave, especialmente en el contexto de su disputa territorial con Venezuela por la Guayana Esequiba; Georgetown respaldó oficialmente las maniobras como parte de un enfoque “colaborativo e integrado” contra el crimen transnacional. Otros países desempeñan roles de apoyo cruciales: El Salvador ha albergado un avión de ataque AC-130J en la base de Comalapa, una posición estratégica para el control del Pacífico; Panamá mantiene convenios de entrenamiento militar; y República Dominicana ha anunciado acciones conjuntas “mucho más extensas y profundas” con la DEA.

Puerto Rico, como territorio estadounidense, funciona como el epicentro del despliegue, concentrando numerosas bases y personal militar.