Según los informes, los buques de guerra se han posicionado a tan solo 11 kilómetros de las aguas territoriales venezolanas, equipados con misiles de largo alcance y potentes radares.

Oficialmente, la administración Trump justifica el despliegue como una campaña contra el narcotráfico y el terrorismo en el hemisferio, en línea con una directiva presidencial para usar la fuerza militar contra los cárteles. Sin embargo, analistas y el propio gobierno venezolano interpretan la maniobra como una presión directa para forzar un cambio de régimen en Caracas. El Comando Sur de EE.

UU. ha publicado imágenes de ejercicios con fuego real, mientras que aeronaves de vigilancia, como aviones cisterna, han sido avistadas cerca del espacio aéreo venezolano.

La reactivación de bases como Roosevelt Roads en Puerto Rico subraya la escala y la naturaleza sostenida de la operación. Como respuesta, el gobierno de Maduro ha movilizado a unos 200.000 militares para ejercicios de defensa, ha anunciado el despliegue de “armamento pesado y misiles” y ha intensificado su retórica antiimperialista, denunciando la operación como una “amenaza grave” y una “provocación hostil”.