La política migratoria de la administración Trump ha generado una grave controversia por el envío de 252 migrantes venezolanos a una megacárcel en El Salvador, donde habrían sido víctimas de tortura y desaparición forzada. Congresistas demócratas y la organización Human Rights Watch (HRW) han denunciado la “complicidad” de Washington en estas graves violaciones a los derechos humanos, lo que ha llevado a un juez estadounidense a reabrir una investigación sobre el caso. Según HRW, la administración Trump, en colaboración con el gobierno de Nayib Bukele, sería cómplice de los abusos sufridos por los venezolanos. Estas acusaciones han motivado a un grupo de congresistas de EE.
UU. a enviar una dura carta al secretario de Estado, Marco Rubio, exigiendo explicaciones.
La base legal utilizada por Trump para estas expulsiones ha sido la polémica Ley de Enemigos Extranjeros de 1798, invocada para deportar a venezolanos acusados de pertenecer a la banda criminal Tren de Aragua.
Un juez federal en Estados Unidos está investigando si el gobierno de Trump violó una orden judicial previa al realizar estos envíos. La directora para las Américas de HRW, en una entrevista, fue enfática al señalar la corresponsabilidad de ambas administraciones en los actos de tortura documentados. Este caso expone una de las facetas más oscuras de la política exterior y migratoria de Washington, donde la lucha contra el crimen organizado se entrelaza con alianzas que derivan en graves denuncias de abusos.
En resumenLa presunta complicidad de la administración Trump en la tortura de migrantes venezolanos enviados a El Salvador ha desatado una crisis de derechos humanos. Las denuncias de HRW y congresistas demócratas han puesto bajo escrutinio judicial y político una política que habría utilizado una ley arcaica para expulsar a personas que terminaron sufriendo graves abusos, evidenciando las controvertidas alianzas de seguridad de EE. UU. en la región.