Esta medida, anunciada por el secretario de Estado Marco Rubio para entrar en vigencia el 24 de noviembre, implica graves consecuencias legales, financieras y militares para el gobierno de Nicolás Maduro, a quien Washington señala como líder de dicha estructura criminal.

La designación como FTO es significativamente más severa que las sanciones previas del Departamento del Tesoro.

Permite a Estados Unidos emplear “instrumentos de seguridad nacional” para enfrentar a la organización, lo que habilita una persecución financiera, judicial y extraterritorial mucho más agresiva.

Según el congresista Carlos A. Giménez, “la orden está dada” para que se pueda actuar militarmente dentro del marco legal estadounidense.

Esta categorización ha sido respaldada por otros países como Ecuador, Paraguay y Argentina, que también han declarado al grupo como terrorista.

Sin embargo, la existencia misma del 'Cartel de los Soles' como una estructura jerárquica es un tema de debate; tanto el gobierno venezolano como algunos expertos internacionales y el propio presidente colombiano Gustavo Petro han puesto en duda su existencia, calificándola de “invento” de Washington para justificar sus políticas hostiles. La medida de EE. UU. transforma la confrontación política en un asunto de seguridad nacional, abriendo la puerta a acciones más directas y unilaterales contra altos funcionarios del gobierno venezolano, a quienes acusa de actividades de narcotráfico y terrorismo a escala global.