Esta medida endurece la política de presión estadounidense y abre la puerta a nuevas acciones judiciales, financieras y militares contra el régimen venezolano. El anuncio, realizado por el secretario de Estado, Marco Rubio, establece que la designación entrará en vigencia el 24 de noviembre y permitirá a Estados Unidos 'emplear instrumentos de seguridad nacional para enfrentar a la organización'.

Esta calificación es más severa que las designaciones previas del Departamento del Tesoro, ya que no solo implica sanciones económicas, sino que habilita una 'mayor persecución financiera, judicial y extraterritorial'.

Según Rubio, este grupo es 'responsable de la violencia terrorista en todo el hemisferio, así como del tráfico de drogas hacia Estados Unidos y Europa'. La medida se enmarca en una estrategia de máxima presión que coincide con el despliegue militar en el Caribe y busca aislar completamente al gobierno de Maduro. La existencia de dicha organización como una estructura jerárquica ha sido, sin embargo, cuestionada por algunos expertos y por mandatarios como el presidente colombiano, Gustavo Petro. Para el Gobierno venezolano, esta acción es parte de una campaña de desprestigio para justificar una agresión. El momento del anuncio también tiene una carga simbólica, ocurriendo un día antes del plazo del ultimátum estadounidense y en vísperas del cumpleaños de Maduro, lo que fue interpretado como una advertencia directa.