A esta medida se sumó Colombia, un socio estratégico de EE.

UU. en la lucha antidrogas, que también suspendió la cooperación de inteligencia en protesta por los bombardeos. Francia se unió a las críticas, con su ministro de Asuntos Exteriores, Jean-Noël Barrot, afirmando que su país está 'preocupado por la situación de los bombardeos de Washington'.

La Unión Europea también ha mostrado reservas.

Estas acciones son vistas por organismos internacionales y expertos como 'ejecuciones extrajudiciales', lo que ha puesto en una posición incómoda a los socios de Washington. En una reunión de ministros de Exteriores del G7, el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, defendió la campaña como un derecho de su país para defender su seguridad nacional en 'su hemisferio', y aseguró que 'no pueden determinar como EE. UU. defiende su seguridad nacional'.

A pesar de estas justificaciones, la estrategia de fuerza ha provocado una fisura diplomática, fortaleciendo indirectamente la posición de Nicolás Maduro, quien puede argumentar que la ofensiva estadounidense es una agresión unilateral y no una acción consensuada internacionalmente.