UU. como “narcoterroristas” de una “organización terrorista designada”.

La base legal para estas operaciones es un memorando del Departamento de Justicia que, según reportes de 'The New York Times', se fundamenta en afirmaciones del propio presidente Trump.

Dicho documento define la situación como un “conflicto armado no internacional”, lo que permite considerar a las embarcaciones como “blancos militares legítimos”.

Esta justificación ha sido fuertemente cuestionada.

La ONU y numerosos países han denunciado la campaña militar. Además, aliados clave como el Reino Unido y Colombia han suspendido la cooperación de inteligencia con Estados Unidos, al considerar que la información podría ser utilizada para estos ataques, que califican de ilegales. A pesar de la controversia y la fricción diplomática, Washington ha manifestado su intención de continuar con los operativos.