Esta acción política y legal vincula directamente a la cúpula del gobierno venezolano con actividades criminales a escala internacional.

El anuncio fue realizado por el secretario de Estado, Marco Rubio, quien afirmó que el grupo, presuntamente liderado por el "ilegítimo" Nicolás Maduro, es responsable de "la violencia terrorista en todo el hemisferio" y del tráfico de drogas hacia Estados Unidos y Europa. La designación no es meramente simbólica; según el congresista republicano Carlos A. Giménez, esta medida permitiría a Estados Unidos actuar militarmente contra el grupo dentro del marco legal estadounidense, lo que abre la puerta a acciones más directas.

Esta decisión se enmarca en una estrategia de máxima presión que Washington ha venido implementando, y coincide con la llegada del portaaviones USS Gerald R. Ford al Caribe. La medida busca aislar aún más al gobierno de Maduro, al asociarlo formalmente con el terrorismo, y justificar así futuras sanciones o intervenciones bajo la premisa de la lucha contra el terror y el narcotráfico. La designación corrompe las instituciones en Venezuela, según declaraciones del Departamento de Estado.