Los abusos incluían golpizas, descargas eléctricas, asfixia y violencia sexual.

Juanita Goebertus, directora de la división de las Américas de HRW, afirmó que “la administración Trump y el gobierno Bukele son cómplices de actos de tortura y desaparición forzada”. La organización exige a Estados Unidos detener de inmediato estas deportaciones que exponen a los migrantes a situaciones de grave peligro y pide una investigación para que los responsables rindan cuentas. Este escándalo vincula directamente la política migratoria de la administración Trump con graves violaciones a los derechos humanos, generando una fuerte condena internacional y poniendo en tela de juicio los acuerdos de deportación con terceros países.