Desde septiembre, las fuerzas estadounidenses han ejecutado al menos 21 ataques contra supuestas “narcolanchas”.

La justificación legal de la administración Trump se basa en un memorando del Departamento de Justicia, revelado por The New York Times, que argumenta que el presidente tiene poderes especiales “en tiempos de guerra”. Este documento determina que Estados Unidos se encuentra en un “conflicto armado no internacional” con los cárteles, lo que permitiría considerar las embarcaciones como “blancos militares legítimos” y sus tripulantes como combatientes enemigos, otorgando inmunidad a las tropas estadounidenses.

Sin embargo, esta interpretación es ampliamente cuestionada.

El Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Volker Turk, afirmó que hay “fuertes indicios” de que estos ataques constituyen “ejecuciones extrajudiciales” y violan el derecho internacional. La ofensiva no solo ha causado la muerte de decenas de personas, incluyendo pescadores, sino que también ha generado temor en las comunidades costeras del Caribe, como en Colombia y Trinidad y Tobago, donde los pescadores artesanales han paralizado sus faenas por miedo a ser confundidos y atacados.