Desde septiembre, las fuerzas estadounidenses han ejecutado al menos 21 ataques contra estas embarcaciones.

La justificación legal de Washington se basa en un memorando del Departamento de Justicia que, según una investigación de The New York Times, recoge la visión del presidente Trump sobre los carteles y otorga al mandatario poderes especiales "en tiempos de guerra", considerando las lanchas como blancos militares legítimos.

Esta controversial doctrina ha generado una grave crisis con aliados clave.

El Reino Unido y Colombia han suspendido la cooperación de inteligencia con Estados Unidos para evitar ser cómplices en lo que consideran acciones ilegales que violan el derecho internacional. La ofensiva también ha sembrado el temor entre las comunidades pesqueras de la región, como las de Colombia y Trinidad y Tobago, cuyos trabajadores temen ser confundidos con narcotraficantes y convertirse en víctimas de los ataques. A pesar de las críticas, Washington ha manifestado su intención de continuar con las operaciones, lo que agrava aún más la tensión en la zona.