Según los informes, su gobierno ha estado explorando justificaciones legales para una acción militar de este calibre, lo que indica que no se trata de una simple declaración improvisada, sino de una opción que se está evaluando a nivel estratégico. Esta postura ha generado una fuerte reacción, incluyendo una votación en el Senado de EE.

UU. que busca frenar cualquier acción militar contra Venezuela que no cuente con el aval explícito del Congreso, lo que expone una fractura dentro de Washington sobre la política a seguir. La discusión sobre una intervención terrestre revive el fantasma de las operaciones militares estadounidenses en América Latina y sitúa la crisis venezolana en un nuevo umbral de riesgo, donde la posibilidad de un conflicto armado directo se vuelve más tangible que nunca.