La administración Trump ha implementado una agresiva y letal campaña militar contra embarcaciones sospechosas de narcotráfico en aguas internacionales del Caribe y el Pacífico, cerca de Suramérica. Esta ofensiva, que ha resultado en la muerte de decenas de personas, ha generado una fuerte controversia y ha sido calificada como "ejecuciones extrajudiciales" por organismos de derechos humanos. Desde principios de septiembre, se han registrado más de una docena de ataques, elevando el número total de muertos a cifras que varían entre 67 y 76, según distintas fuentes. El secretario de Defensa, Pete Hegseth, ha defendido firmemente estas acciones, declarando que "los ataques a buques contra narcoterroristas continuarán hasta que cese el envenenamiento del pueblo estadounidense". En uno de los comunicados, Hegseth advirtió directamente a los traficantes: "si quieren seguir vivos, dejen de traficar drogas. Si continúan traficando drogas mortales, los mataremos".
Estas operaciones se han expandido recientemente al Pacífico Oriental, donde nuevos ataques contra dos embarcaciones dejaron seis personas muertas.
La ofensiva ha sido duramente criticada por el Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Volker Turk, quien afirmó que existen "fuertes indicios" de que estos ataques violan el derecho internacional. Human Rights Watch también ha denunciado la campaña, subrayando la falta de debido proceso y la naturaleza extrajudicial de las muertes, lo que ha abierto un profundo debate sobre la legalidad y la moralidad de la estrategia antidrogas de Washington en la región.
En resumenLa ofensiva estadounidense contra supuestas 'narcolanchas' se ha convertido en una política de ataques letales que, aunque justificada por Washington como una medida de seguridad nacional, es ampliamente condenada por violar el derecho internacional y constituir ejecuciones extrajudiciales, exacerbando las tensiones regionales.