Activistas han descrito la situación como una de “terror e incertidumbre” para miles de familias que habían encontrado arraigo en Estados Unidos. Paralelamente, un informe de Human Rights Watch (HRW) ha lanzado una grave acusación contra Washington, señalándolo como “cómplice” en casos de tortura y abusos sexuales contra venezolanos deportados a El Salvador. El informe califica este como “el caso de violación de derechos humanos más grave vinculado a Washington en dos décadas”, describiendo que los migrantes deportados “llegaron al infierno”. Estas acciones demuestran que la política migratoria es utilizada como una herramienta de presión directa, con un alto costo humano para la población venezolana que huye de la crisis en su país.