El Gobierno estadounidense justifica estas acciones letales como necesarias para detener “el envenenamiento del pueblo estadounidense” y ha advertido que continuarán.

En un mensaje directo, Hegseth declaró: “A todos los narcoterroristas que amenazan nuestra patria: si quieren seguir vivos, dejen de traficar drogas. Si continúan traficando drogas mortales, los mataremos”.

Sin embargo, la legalidad y la naturaleza de estas operaciones han sido fuertemente cuestionadas.

El Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Volker Turk, afirmó que existen “fuertes indicios” de que estos ataques constituyen “ejecuciones extrajudiciales” que violan el derecho internacional. El presidente colombiano, Gustavo Petro, también se pronunció en contra, afirmando que los misiles impactan a “gente pobre” y trabajadores humildes, no necesariamente a los capos del narcotráfico.

La ofensiva, enmarcada en una nueva “doctrina Monroe violenta”, es percibida por algunos analistas no solo como una estrategia antidrogas, sino como una herramienta de presión para forzar la caída del gobierno de Nicolás Maduro en Venezuela.