Esta ambigüedad es vista como una estrategia para mantener la máxima presión sobre el gobierno venezolano. Funcionarios estadounidenses han reconocido en privado que las operaciones en el Caribe, aunque presentadas como antidrogas, son parte de una campaña más amplia para derrocar a Maduro.

Sin embargo, la Casa Blanca parece dudar de una invasión a gran escala. Esta indecisión ha generado divisiones en Washington, donde el Senado ha aprobado una medida que exige al presidente obtener el aval del Congreso antes de iniciar cualquier acción militar contra Venezuela, exponiendo una fractura en la política exterior de la administración. La situación se complica aún más con informes de que el gobierno estadounidense busca justificaciones legales para una posible acción militar, mientras públicamente Trump insiste en que su enfoque principal es la lucha contra el narcotráfico.