Inicialmente, la medida afectó a 250.000 beneficiarios, pero las cifras totales podrían ascender a 600.000 personas que ahora enfrentan un futuro incierto.

Para los afectados, la noticia ha sido devastadora.

Muchos de ellos, arraigados en Estados Unidos durante años, se ven abocados a la clandestinidad o a un retorno forzado a un país en crisis. Un activista describió la situación como una de "terror", mientras que una beneficiaria expresó su desesperación al afirmar: "El 7 de noviembre lo pierdo todo". Esta política migratoria se enmarca en la postura de línea dura del gobierno de Trump, pero genera una profunda contradicción. Por un lado, Washington critica duramente la situación de derechos humanos y la crisis económica en Venezuela; por otro, elimina una protección clave para aquellos que huyeron precisamente de esas condiciones. La medida no solo tiene un impacto humano directo, sino que también añade una capa de presión sobre la diáspora venezolana, utilizando su estatus migratorio como una herramienta más en el complejo ajedrez geopolítico entre ambos países.