Estos ataques no se han limitado al Caribe, sino que se han expandido a aguas del Pacífico, cerca de las costas de Colombia. Los informes indican que estas operaciones han causado la muerte de al menos 67 personas, en su mayoría de nacionalidad colombiana y venezolana, en ataques a 17 embarcaciones desde septiembre. El gobierno estadounidense ha justificado estas acciones afirmando que tratará a los grupos de narcotráfico con la misma severidad que a organizaciones terroristas como Al-Qaeda.

Sin embargo, esta política ha sido fuertemente criticada por organismos internacionales.

Naciones Unidas ha llegado a pedir el cese de estas acciones, calificándolas como "violatorias del derecho internacional".

La estrategia de ataques letales representa la faceta más violenta de la presión estadounidense, transformando la tensión diplomática en un conflicto con víctimas mortales y generando una profunda controversia sobre su legalidad y sus consecuencias humanitarias.