Esta ofensiva ha provocado un aumento significativo de la tensión con Venezuela y ha generado rechazo a nivel regional. La administración de Donald Trump ha justificado estas acciones como una campaña militar para frenar el tráfico de drogas, calificando a las tripulaciones de las embarcaciones como “narcoterroristas”. El secretario de Guerra, Pete Hegseth, ha sido la cara visible de esta política, anunciando los ataques a través de sus redes sociales y emitiendo advertencias directas: “A todos los narcoterroristas que amenazan nuestra patria: si quieren seguir vivos, dejen de traficar drogas. Si continúan traficando drogas mortales, los mataremos”.

Estas operaciones, que según informes han cobrado la vida de al menos 67 personas, en su mayoría colombianos y venezolanos, se han expandido desde el Caribe a aguas del Pacífico, cerca de las costas de Colombia. La Casa Blanca ha prometido que los ataques continuarán “hasta que cese el envenenamiento del pueblo estadounidense”. A pesar de la justificación oficial, diversos actores, incluyendo la ONU, han cuestionado la legalidad de estos bombardeos en aguas internacionales, mientras que en la región se perciben como una campaña de presión directa contra el gobierno de Nicolás Maduro.