Esta nueva doctrina despierta dudas sobre su legalidad y sus verdaderas intenciones geopolíticas.

Funcionarios estadounidenses han reconocido en privado que la misión antidroga forma parte de una “campaña más amplia para derrocar al líder de Venezuela, Nicolás Maduro”. El exembajador de EE.

UU. en Venezuela, James Story, afirmó que la fuerza militar desplegada es “demasiado grande y potente como para ser sólo antinarcóticos”.

Además, senadores estadounidenses han exigido respuestas al gobierno sobre el plan, preocupados por la tensión generada.

El diario The Washington Post, en un editorial, acusó al presidente de piratería internacional, describiendo los ataques como parte de una estrategia para presionar a Maduro. Se argumenta que el “conflicto armado contra las drogas” revela una estrategia geopolítica para reafirmar el poder de EE. UU. en la región, utilizando la lucha contra el narcotráfico como una justificación para acciones que, de otro modo, serían difíciles de legitimar. Esta percepción se ve reforzada por la autorización de operaciones encubiertas de la CIA y la oferta de una recompensa millonaria por la captura de Maduro.